Definiendo la soberanía energética
Varios autores, Ecologista, nº81, verano 2014
Posición elaborada en marzo de 2014 por Pablo Cotarelo (Ecologistas en Acción), David Llistar y Alfons Pérez (Observatori del Deute en la Globalizació), Alex Guillamon (Entrepobles), María Campuzano (Engineyeria Sense Fronteres) y Lourdes Berdié (Multireferèndum). Todo/as ellas en el marco de construcción de la Xarxa per la Sobirania Energètica, www.xse.cat
En tiempos de indignación por los abusos del poder de una oligarquía, la sociedad demanda en el mundo de la energía (al igual que en otros ámbitos) una nueva ola democratizadora. Si soberanía se refiere a poder, soberanía energética es hablar de dónde reside el poder en el ámbito de las energías. Frente a un enfoque como el de la soberanía del Estado, centrado en la legitimidad de los Estados no importa si han sido cooptados por élites extractivistas, la soberanía de los pueblos defiende el derecho de individuos, comunidades y pueblos para decidir sobre los asuntos que les afectan, para hacer política cotidianamente. La soberanía energética a la que nos referimos, se aleja de la defensa de las fronteras y de intereses alineados con las élites, denuncia la cultura que promueve la delegación de las decisiones en una supuesta neutralidad de los expertos, su planificación tecnócrata y la toma de decisiones desde arriba. Se opone a la exclusión de los saberes tradicionales, la participación de la ciudadanía activa y la corresponsabilidad.
Así inspirada en la definición de soberanía alimentaria de La Vía Campesina, la soberanía energética podría definirse como el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. Cada persona y cada pueblo tiene derecho a la cantidad y tipo de energía necesaria para sostenerse a sí mismo/a y a su grupo, y a los recursos necesarios para mantenerla, siempre y cuando no externalice impactos ambientales, sociales o económicos negativos, es decir, no genere anticooperación.
De la misma manera, mientras que desde la soberanía estatal se hablaría de independencia y seguridad energética para referirse a la utilización de una cantidad indeterminada de recursos que se consideran necesarios para mantener al máximo la economía doméstica (satisfaciendo todo tipo de consumos sin atender a su naturaleza), para la soberanía de los pueblos la soberanía energética es que todas las personas tengan derecho al acceso a las energías en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa. Mientras que desde la cultura de expertos se pretendería alfabetizar a la población para que entienda la energía (ente abstracto, homogéneo y especulable) por medio de una relación vertical jerárquica y unidireccional, desde la soberanía energética en cambio se plantea que la realidad es compleja, multidimensional y asimétrica y debe comprender los enfoques de todos los agentes afectados. Por tanto, es necesario desmonopolizar la especialización, generar una comunidad extendida de iguales compuesta por todos aquellos que deseen entrar en un diálogo y decidir. Donde sus miembros aporten sus hechos, que incluyan conocimientos imprescindibles para que las energías necesarias para las personas sean satisfechas. Se trata de las energías concretas y diversas frente a la Energía mercantilizada y oligopólica.
Asimismo, alcanzar la soberanía energética supone que los pueblos puedan decidir sobre las cuestiones energéticas sin interferencias y esclavitudes, como las que representan la persecución de beneficios crecientes y la rendición de cuentas ante accionistas, a las que están sujetas las empresas privadas actualmente, y fruto de la actual mercantilización de la Energía. Para priorizar el control de los pueblos sobre el bien común energético se debe trascender la disyuntiva entre el sector público y el privado, anclada también en una lógica donde otras visiones ni estatales ni privadas quedan excluidas. Por el contrario, se debe tender a fomentar estructuras y actores económicos que nos liberen de dichas esclavitudes y permitan a la población tomar decisiones libremente y entre iguales, siguiendo el ejemplo de las actuales cooperativas comercializadoras de electricidad.
Pero la soberanía energética (de los pueblos) es la que defiende también la soberanía de todos los pueblos que son. Y en consecuencia, el respeto a la soberanía energética de todos los pueblos implica el ahorro y la racionalización en el uso de los bienes comunes para no interferir negativamente en la soberanía energética de otras comunidades ni de las futuras generaciones, ya sea mediante la generación de problemas ambientales (tales como el cambio climático o la generación de residuos altamente radiactivos) o mediante el acaparamiento de bienes de unos pueblos sobre otros, a veces mediante guerras. Para lo cual deben relocalizar los procesos de generación y distribución energéticas en un doble sentido: acercándolos a los puntos de utilización y facilitando la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones.
La soberanía energética es el camino de empoderamiento social que transforma las estructuras del poder oligopólico y crea nuevas realidades desde abajo, por los de abajo y para los de abajo. En la energía también.
